Veamos que dice el Subsecretario de TRANSPARENCIA

“Es una buena razón para preguntar y es una buena razón para responder”

El Subsecretario de Transparencia cree y defiende que hay más señales positivas que negativas en el nuevo gobierno en el tema de la transparencia y combate a la corrupción, aunque sigue sosteniendo que Casa Presidencial “debería” abrir las cuentas de publicidad, como también deberían 16 oficinas adscritas a la Presidencia responder por la contratación de la empresa de seguridad del presidente del Centro de Ferias y Convenciones, amigo del presidente Funes.

Por Daniel Valencia Caravantes

Publicado el 30 de Mayo de 2010

Si pudiéramos hacer una metáfora de los últimos meses del presidente Mauricio Funes y su apuesta por la transparencia y el combate a la corrupción, esta bien podría ser la siguiente: en una maratón, el presidente corre sobre una pista llena de obstáculos que lo hacen tropezar: contratación de la agencia de publicidad gubernamental a la empresa de su amigo Joao Santana, de la empresa de seguridad de su amigo, Miguel Menéndez; defensa de los usos discrecionales de los gastos imprevistos, amparados por la ley del presupuesto; etcétera.

Sin embargo, quienes le echan porras aseguran que el Presidente corre más de lo que cae, y que la decisión de respaldar las acciones de la Secretaría de Asuntos estratégicos –y la oficina de Transparencia y Anticorrupción- valen como cualquier primer lugar en pista. El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, enumera los casos destapados por las carteras de Seguridad, Salud; la recién conformada comisión por la transparencia y anticorrupción; y la apuesta del ejecutivo por una mejor ley de transparencia y acceso a la información como los grandes logros del primer año del gobierno. Pero a la hora de transparentar, se limita a decir que el ejecutivo de Mauricio Funes “debería” hacer esto o lo otro, y que es con las acciones concretas como se cumple una política de gobierno.

Con la mesa para la transparencia y combate a la corrupción el Ejecutivo promete cosas ambiciosas. Por ejemplo, que entre junio y julio de cada año hará verdadera rendición de cuentas. ¿Podemos esperar este junio o este julio al Presidente diciendo: hemos gastado así, en esto, por estas y estas razones?
El gran mérito de esta mesa es que lo que produce la entidad encargada por el Presidente no será un esfuerzo sectorial sino que compromete a todas las entidades del Ejecutivo. No porque lo deban obedecer, sino porque han estado involucradas en el proceso de aplicar la política de transparencia y anticorrupción. Es un respaldo mayor que el que tiene solo la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Aquí se sientan en la mesa a todos los que tienes que sentar para que vean cómo asumen y concretan una política de transparencia y anticorrupción en el campo de lo concreto.

¿Es esta comisión como una medida de presión para los funcionarios del Ejecutivo?
Es decirles: ustedes no son solo aplicadores, sino que son socios creativos y comprometidos con que estos lineamientos se transformen en cosas concretas para la gente.

En un acto inédito que intenta revestirse de significancia, ¿por qué no se presentó el presidente?
Espero que haya una referencia, al mismo, en el discurso presidencial del 1 de junio.

¿Cómo debe interpretar la población las contradicciones del presidente en el tema de transparencia y combate a la corrupción cuando, por un lado, se desdijo al anunciar que no perseguiría a los corruptos; y por el otro, ustedes celebran que haya autorizado esta comisión que hará precisamente eso?
Podés agregarle: después de la declaración de San Miguel, que en mi opinión fue mal interpretada, viene lo de la Diego de Holguín, viene lo de Maternidad...

El caso del Bulevar Diego de Holguín, y los señalamientos de irregularidades en Salud, ¿no responden más a la valentía y a la actitud de estos ministros y no a una actitud del presidente?
Aparentemente o lo que hemos visto con el discurso del presidente de ayer –miércoles 26- y lo que presentó hoy, esa es la respuesta a esa pregunta. No es sólo la iniciativa de uno o dos ministros, sino que es línea presidencial para todo el Ejecutivo.

Un tanto contradictoria, ¿no cree? El ministro Martínez y la ministra Rodríguez han dicho “esto está pasando”. Si eso lo comparo con la actitud del presidente, cuando, por ejemplo, apareció con aquellas supuestas revelaciones en el CNR sobre plazas fantasmas y dijo “hemos encontrado esto y vamos a seguir investigando”. Estos dos han dicho aquí están las pruebas y uno ya se fue a la Fiscalía a denunciar.
Una cosa es decir yo quiero hacer eso, y otra es tener la capacidad institucional de hacerlo. Y realmente la entidad técnica que apoyó al ministro Martínez -y que va a apoyar a la ministra de Salud en la preparación del caso para presentarlo a la Fiscalía- ha sido construida en estos últimos meses en la SAE. Y ha sido muy difícil encontrar las personas adecuadas, hacerlas trabajar en equipo, vencer temores... el otro día, en un programa de televisión preguntaban si la gente creía que el caso Diego de Holguín iba a llegar a judicializarse. Y las respuestas fueron 600 que no y 90 que sí. Entonces, el que determinadas cosas sucedan no sólo depende de la voluntad para hacerlo, sino de tener la capacidad técnica y profesional para hacerlo. Posiblemente en el Ejecutivo hay personas, hay titulares que se identifican en mayor o menor medida con el tema y eso es natural. De lo que no me queda duda es de que cuando el presidente dice “¡fórmese la mesa!”, “¡apóyese la investigación!" eso es un conjunto de decisiones políticas a favor de una dirección que es apretar una política de transparencia y anticorrupción. Yo puedo decir: falta mucho por hacer. Dado el pasado en este país es justificable que haya dudas, aprehensiones, cuestionamientos, pero no puedo decir que está mal hecho.

¿El Presidente está realmente interesado en combatir la corrupción?
Tú me estás poniendo en un lado esta declaración de San Miguel y del otro lado yo te estoy poniendo el Diego de Holguín, Maternidad, la formación de esta comisión, la aprobación de los lineamientos en términos de transparencia y anticorrupción... Por lo menos podría decir que tengo, en términos de políticas públicas... si yo fuera ciudadano, y me preguntaran si prefiero esto o que no haya nada... yo prefiero esto y voy a estar a la expectativa de que esto siga la ruta que el Presidente ha señalado.

Tenemos más ejemplos que la declaración de San Miguel. A la Comisión se le preguntó cuál iba a ser su papel frente a actitudes del presidente que van contra la transparencia. Por ejemplo, la publicidad; por ejemplo, adquisición de vehículos nuevos… en ambos casos, la Presidencia no ha transparentado ni respondido nada.
Una de las instituciones y organizaciones beneficiaras de la compra de estos carros era SAE, porque realmente no tiene carros, todos andamos con nuestros carros. Pero dado que la pregunta no era qué carros, porque no es lo mismo un Hiunday que una nave de 40 mil dólares... Nosotros consideramos que en la actual circunstancia del país era preferible abstenerse y comunicamos que nosotros preferíamos no estar como beneficiarios o destinatarios de esta situación. Tengo entendido y podés preguntarlo, que no se ha hecho efectiva la compra de los carros. Me dices tú: ¿y eso es transparente? Bueno, es transparente porque los periodistas lo descubrieron en la prensa. ¿Es legal? Sí, es legal y no he escuchado en ningún lado que no sea legal comprar carros. ¿Es ético en este momento de crisis? Y ahí es cuestionable. Hay una política de austeridad, que también por cierto fue aprobada por el señor Presidente, y creo que los titulares y las personas con responsabilidad gubernamental deben hacerse cargo de la crisis, como se hace cargo la gente pobre, la gente que se queda sin empleo, la gente que siente que no puede sostener el presupuesto del hogar. Esa, aunque no lo diga ninguna ley, es la actitud deseable, en un conjunto de personas que están donde están porque están representando la voluntad popular.

Otro ejemplo: sale el ex ministro de Agricultura denunciando irregularidades, y el presidente en lugar de prometer investigar, sale y desacredita a quien él mismo había llamado a ser parte de su equipo. ¿Lo lógico no hubiera sido que ordenara una investigación? Y ahora, a días de cumplir un año, aparece esta comisión diciendo que se hará una auditoría. Parece sospechosamente conveniente.
Yo dije en una entrevista que desconocía con exactitud en qué consistía el programa de distribución de la semilla, porque el ministro Sevilla no se coordinó con la SAE. Conste: no estoy diciendo que está bien o mal. Tengo entendido que el presidente estaba enterado. Ahora bien, el mecanismo que él planteaba es un mecanismo de cambio que causó mucho ruido. Si te recuerdas, el año pasado hubo toma de calles, y hubo una especie de acuerdo que después el presidente no autorizó. Me he informado de que anteriormente había un mecanismo clientelar bastante depravado pero muy bien pactado. El Ministerio le daba paquetes a distintas organizaciones gremiales y ellas las distribuían. Pero estas organizaciones gremiales estaban más o menos vinculadas con distintos partidos políticos.

Y se supone que se cambió ese mecanismo clientelar.
Se creó una estructura organizativa donde entran el gobernador, los alcaldes, personas de distintas organizaciones y se empieza a trabajar sobre base de listas, y el repartidor ya no son las organizaciones, sino que los responsables son esos comités y el Ministerio. Indudablemente aparecieron listas de todos lados, y gente que está en más de una lista.

Al final de cuentas eso solo demuestra una cosa: que a lo mejor el ex ministro tenía razón cuando dijo que había irregularidades y corrupción en el mecanismo aprobado al final por el Ejecutivo.
Te lo puedo plantear de una forma que también es admisible: un decisor toma una decisión y considera que es acertada. Y se genera una reacción pública que cuestiona esa decisión. El decisor dice "yo actué de buena fe, creo que ese mecanismo es adecuado", y se genera la situación que se generó.

Un decisor también puede equivocarse con sus declaraciones en medio del calor político. ¿Le pasó eso al presidente, al dejar a un lado los señalamientos de corrupción?
También pudo haberse equivocado el ministro saliente. También es admisible eso. Ahora, lo importante en este enredo, ¿qué es? ¿Están dispuestos a transparentar o no?

¿Lo están?
En este caso, la SAE podría hacer la investigación, y hablando con el viceministro Flores concluimos que lo más indicado es que sea una organización externa, y que vamos a definir los términos de referencia, que en mi opinión, deberían ser públicos; al igual que el resultado. Es lógico que en estos movimientos se sienta ruidos. Incluso un político más carismático te diría: "Hubiéramos seguido con el mismo mecanismo original", y no se hubiera armado tanto lío. Pero muchas veces el lío no es negativo.

¿Prefiere que esto haya saltado a la luz pública?
Prefiero la alternativa que promete, que es no volver para atrás, y seguir avanzando de la forma más transparente posible, tratando de abrir un sistema transparente de distribución de semilla. Igual está de fondo el para qué el Estado permite subvenciones que al final terminan siendo aprovechadas con intereses muy particulares. Vos me decís: "Y en El Salvador, las subvenciones del Estado, ¿han estado definidas en función de intereses corporativos?". Las subvenciones para los pobres se manejaron en términos coyunturales, y otro tipo de subvenciones como impuestos creo que también han sido manejadas en forma clientelar. El secretario Hasbún planteaba anteayer algo muy cierto. Él decía que el país estuvo, durante muchísimos años, manejado desde una perspectiva en que el elemento ordenador era la represión. Y en los últimos 20 años, no fue así: el mecanismo ordenador eran las prebendas del Estado. Por eso, cuando el partido de gobierno pierde las elecciones, entra en crisis, porque lo que entra en crisis es la posibilidad de mantener este mecanismo de intercambio y prebendas. La gran pregunta es: ¿este gobierno va a mantener ese mecanismo de transacciones de prebendas o sí vamos a arriesgarnos a tratar de aproximarnos a un mecanismo más transparente y más público, en el sentido de los intereses generales de la sociedad?

¿Y qué se ha respondido usted mismo?
Creo que esta mesa es un paso más positivo en una dirección para arreglar esto en la medida de lo posible.

Vaya, esta comisión no quiso responder, en su primera conferencia, si exigiría o no a la Presidencia que abra sus arcas de publicidad, o si pediría investigaciones por las adjudicaciones ganadas por empresas cuyos dueños son amigos del presidente Funes.
Esta mesa no está formada, ni le corresponde -entre comillas- afrontar al Presidente, sino por el contrario, concretar en términos de transparencia y corrupción la política presidencial. Ahora, me puedes decir muy bien: "¿Dónde vamos a ver esto?" En lo concreto. O sea que en última instancia las políticas públicas deben pensarse en forma estratégica, en forma sistémica, en forma global, pero la prueba del ácido dicen los contadores, se ve en las cosas puntuales.

¿Como, por ejemplo, conocer cuánto están gastando en publicidad o cómo la está distribuyendo?
Como subsecretario creo que es deseable que la distribución del gasto en publicidad sea de conocimiento público. Creo que en la mayoría de los casos, la incertidumbre deben ser respondida con transparencia. Creo que si se hace público, la discusión sería si es justa o no es justa, si es correcta o no es correcta. Incluso, creo que es admisible que en determinado momento un titular diga: "Mire, en esto me equivoqué. Corrijo". Esa situación es muchísimo más deseable en términos de cambio de país a que la discusión se quede en "¿lo hago público o no lo hago público?". La gran pregunta al Estado es: ¿en qué medida la respuesta y los riesgos que esta respuesta implica favorecen o desfavorecen el interés general? Y si el interés general es favorable a que algo se haga público, hay que tratar de hacerlo.

¿La Presidencia debería responder sobre la transparencia en 15 adjudicaciones ganadas en instituciones adscritas al Ejecutivo por la empresa del presidente del Centro de Ferias y Convenciones, amigo del presidente Mauricio Funes?
A ver: la Presidencia debería responder solo en tanto y cuando sea responsable de esas contrataciones. Yo tengo entendido que esas contrataciones las han hecho distintas dependencias del Ejecutivo y creo que si un medio de comunicación considera que amerita una explicación, lo correcto es que lo pregunte a los decisores que han tomado estas decisiones. Es más, ahora lo vinculo a la Ley de Acceso a la Información: creo que -y así está planteado en la propuesta, por cierto- cuando hay licitaciones, la información es reservada durante el período de evaluación y decisión, pero que una vez definida una contratación la ciudadanía puede ver no solo la oferta ganadora sino las ofertas perdedoras.

Nos parecen casi inseparables los lazos de amistad entre el Presidente y el señor Miguel Menéndez: miembro de los desparecidos Amigos de Mauricio Funes; el presidente se va los sábados a su estación de tiro, lo nombró como funcionario, ahora es miembro de los Amigos por el Cambio... ¿cómo percibe esa situación el subsecretario de Transparencia?
Que es una buena razón para preguntar y es una buena razón para responder. No puedo emitir una opinión sobre algo que no solamente desconozco, sino que no es una decisión presidencial, sino de distintos titulares. Lo que yo puedo decir es: ¿tiene sentido la pregunta? Dado lo que tú dices, tiene sentido preguntarlo. ¿Tiene sentido preguntar? En el lugar adecuado. Yo no le haría la pregunta al presidente, porque supongo que el presidente te diría "bueno, pregúntele a los titulares que han tomado esas decisiones".

¿Exigirá esta comisión que se transparenten los recursos –y la redistribución de los mismos- que facultan los artículos 2 y 6 de la Ley del Presupuesto?
Quiero repetir lo siguiente: las grandes ideas al final se manifiestan en acciones y cuestiones concretas y pequeñas. El organismo no está creado para cada cuestión específica, sino para concretar las grandes líneas. Pero sin duda, si yo fuera ciudadano, diría.: un esfuerzo tan loable espero que al final resulte en cambios tangibles para la ciudadanía.

Y sigue el DESCARO

Ex magistrados Corte Suprema se retiraron "voluntariamente" para llevarse $122 mil

Días antes de que cumplieran su mandato, los cinco ex magistrados cuyo período terminaba el 30 de junio de 2009 presentaron su renuncia y así obtuvieron el beneficio de seis meses de salario extra en concepto de bonificación por retiro.

Daniel Valencia Caravantes

Publicado el 26 de Mayo de 2010

Después de nueve años en el cargo para el que habían sido elegidos, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyo mandato estaba a punto de expirar, decidieron renunciar a su puesto. Esa maniobra les significó echarse al bolsillo más de 120 mil dólares que, si solo hubieran dejado que su período caducara, no habrían obtenido.

Los funcionarios pidieron a la Corte en pleno, que presidía Agustín García Calderón, que les autorizara el retiro voluntario de sus cargos, para de esa manera acceder a un beneficio concebido legalmente para los jueces que deciden terminar su carrera después de años de servicio.

Quienes optaron por esa salida fueron el mismo García Calderón y los magistrados Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés -ahora ministra de Trabajo-, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya.

El 5 de junio de 2009, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de estos magistrados inició un proceso administrativo para procurarse la bonificación contemplada en la Ley de la carrera judicial, creada en 1990 para los jueces y magistrados de cámara de la República. La normativa fue reformada en 1992 para incluir en ella a los magistrados de la CSJ. Esta ha permitido que desde el año de su aprobación, cualquier funcionario de la carrera pueda ir a la orilla del río del tesoro público y pescar en él miles de dólares. Esto, muy aparte de las otras prestaciones de que gozó durante su gestión.

Eso, precisamente, hizo aquel magistrado que en junio de 2009 sabía que su bolsillo se llenaría con 28 mil 283.64 dólares, provenientes de la multiplicación de su último salario por seis, si renunciaba hasta un día antes de que culminara su mandato. Ese magistrado era el presidente de la Corte y del Órgano Judicial, Agustín García Calderón. Como presidente, García Calderón gozaba, aparte de su salario, de mil 414 dólares en gastos de representación mensuales, seguro médico, de vida, vales de combustible, telefonía, seguridad, carros...

Dos días antes que él, otro magistrado hizo el mismo pedido. Se trata de Julio Acosta Baires. Y semanas antes –mayo de 2009, según cuentan otros magistrados en el cuarto piso del Órgano Judicial-, Victoria Marina de Avilés pidió abrigarse con este decreto. Ella, mucho antes que los primeros dos, ya que el 1 de junio asumiría como nueva ministra de Trabajo.

De los otros dos magistrados salientes (Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya) nadie recuerda ni da cuentas del inicio de su trámite. A estos cuatro, a diferencia de García Calderón, les fueron aprobados pagos de remuneraciones por 23 mil 571.60 cada uno, dado que reciben un sueldo menor al del presidente de la Corte. Ellos, sin embargo, aparte de su salario, recibían las mismas prestaciones que el presidente de la Corte y mil 22 dólares de gastos de representación.

Para los cinco, en julio de 2009, la tesorería institucional de la Corte Suprema ya había solicitado el requerimiento de fondos respectivo al Ministerio de Hacienda para desembolsar el pago del “retiro voluntario” de lo ex funcionarios.

En el caso de García Calderón, el requerimiento de Tesorería Institucional de la CSJ a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda se hizo un día después de que este “finalizara” su gestión. Es decir, el primer día en el que la Corte Suprema de Justicia amaneció acéfala, dado que los partidos políticos en la Asamblea –y en Casa Presidencial- no se ponían de acuerdo para elegir a los nuevos magistrados que llenarían los puestos vacantes.

El 16 de julio de 2009, la Asamblea aprobó a los nuevos titulares –cuatro para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil-, y 11 días más tarde la Tesorería Institucional solicitó a Hacienda el desembolso para los otros cuatro magistrados; y para un juez: Alejandro García Garay, del juzgado 1º de Menor Cuantía, por 13 mil 79 dólares. Una página institucional de la CSJ todavía tiene en lista, en ese juzgado, a este juez.

El Faro consultó a seis magistrados de la CSJ sobre estos desembolsos y de los seis que se atrevieron a hablar –cinco con la condición de resguardar su nombre y uno que habló sin ataduras: el magistrado Miguel Ángel Cardoza- ninguno supo explicar cómo es que funciona la solicitud de baja de la carrera judicial. Otros dos magistrados, Ulices del Dios Guzmán y José Néstor Castaneda, recibieron el recado con sus asistentes pero no contestaron al pedido de respuesta.

En un documento de Corte plena al que tuvo acceso El Faro, y en donde consta la aprobación del bono por retiro para García Calderón, aparece que este fue firmado por Acosta Baires, Clará, Velasco, Castaneda Guerrero (Rafael, suplente), Dueñas (Elsy, Suplente), Guzmán, Vega (Gustavo, suplente) y Ayala. Los primeros tres serían, luego, beneficiados también por sus compañeros. Este acuerdo se resolvió el 14 de junio.

En el caso del ex magistrado Acosta Baires, resuelto el 8 de junio, firmaron los magistrados García Calderón, Castaneda, Clará, Velasco, Guzmán, Dueñas, Guerrero, Quinteros y Vega.

El Faro solicitó los expedientes del resto de magistrados pero no hubo respuesta. El caso es que los cinco ex magistrados se retiraron voluntariamente de la carrera –es decir, de sus cargos como magistrados de la Corte- semanas antes de que culminara su función. Al preguntarle a los magistrados actuales si sus ex compañeros –en esas últimas semanas- seguían fungiendo o no como titulares de la institución, no saben responder si sí o si no.

“Se supone que si te retirás de forma voluntaria tu retiro es inmediato e impostergable a partir de la fecha en que lo has solicitado. Como es el caso de la ex magistrada Victoria Marina de Avilés”, dice uno de los consultados por El Faro, en alusión a la solicitud presentada por la ex funcionaria. Avilés, para el 1 de junio de 2009, ya no formaba parte de la Corte Suprema de Justicia porque juramentó, ese día, como ministra de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasó con los otros cuatro, y sobre todo, con el presidente del Órgano Judicial?

“Es un tema interesante que debería discutirse”, dice otro de los consultados. “¿Teníamos magistrados de la Sala de lo Constitucional fungiendo en el tramo final de su periodo? ¿O teníamos a sus suplentes? ¿Tenía el Órgano Judicial cabeza en junio de 2009 o estaba acéfalo?”, se pregunta.

“Cualquiera podría pensar que es una ganguería”

Los cinco ex magistrados que se retiraron de manera voluntaria semanas antes de que culminara su periodo hicieron, con su petición, sacar a la luz una serie de interrogantes sobre la veterana normativa de la carrera judicial. Esas dudas, para los compañeros que se quedaron, son difíciles de responder.

Por ejemplo, a los seis magistrados que accedieron a hablar del tema les preguntamos:

-¿Cómo es posible que los magistrados de la CSJ presenten su solicitud de “retiro voluntario” a sabiendas de que son funcionarios electos para un periodo caduco, que inicia en determinada fecha y finaliza nueve años después? Y sobre todo: ¿cómo es posible que digan que se retiran de forma “voluntaria” días antes de que su periodo culmine oficialmente?

-Es un punto que hay que discutir. Como que hay una contradicción, no. Cualquiera podría pensar que es una ganguería –dice uno de los consultados.

-Está en la ley… y el procedimiento debería ser que pidan su retiro voluntario antes de que terminen su mandato. Si no ya no tiene sentido que se retiren porque ya no están fungiendo –dice el magistrado Miguel Ángel Cardoza.

-Legal es –dice otro magistrado-. Ético no lo sé.

A diferencia de los jueces de menor rango –para quienes fue creada la ley en 1990- la bonificación por retiro voluntario cobra una cierta justificación, según los consultados, en el sentido de que sus cargos son vitalicios; y solo una mala actuación en su trabajo los inhabilitaría para solicitar su “retiro voluntario” cuando estos optan separarse del cargo que les fue designado dentro del Órgano Judicial. Arístides Alvarenga, ex diputado del Partido Democráta Cristiano -y compañero de los promotores de la ley- recuerda que cuando llegó este tema a la Asamblea Legislativa, las reflexiones que se hacían eran en torno a los riesgos a los que están sometidos los jueces para ejercer su trabajo. El hecho de ser designados como jueces, comparte, los inhabilita de hacer otros menesteres, y al mismo tiempo los coloca en una situación especial dentro de la sociedad salvadoreña.

-Sí, podría verse así. Son sujetos especiales que necesitan algo que les garantice estabilidad mientras ejercen y la promesa de que al final de su jornada, se les recompensara su esfuerzo de independencia –dice.

Al igual que Alvarenga, los seis magistrados consultados ven a la carrera judicial como una Alicia que vaga por bosques en donde las prebendas y presiones se disfrazan de lobos feroces al acecho de una balanza manipulable a la hora de juzgar.

-¡Sin duda hay que tener un método para garantizar independencia del juez y de los magistrados! –dice Cardoza.

De cinco de los magistrados actuales consultados, dos dicen que la prestación del retiro voluntario es una bonificación justa para los jueces de carrera, y para aquellos magistrados electos que son jueces de carrera. Lo curioso de esta ley es que no hace distinciones entre un juez de carrera que llega a magistrado y un magistrado de Corte que nunca fue juez de carrera. La ley mete en un solo saco a todos, haciendo una salvedad: solo pueden acceder a la bonificación aquellos funcionarios que han cumplido las dos terceras partes de la carrera judicial (contemplada en 35 años). Pero ¿y como entran en este saco aquellos magistrados de la CSJ que nunca han sido jueces?

La ley también les da una oportunidad: deben sumar 10 años como mínimo “dentro de la carrera” sin importar si son consecutivos o no, y pueden hacer una sumatoria de sus trabajos en otras oficinas del estado para cumplir con las dos terceras partes que exige la carrera judicial. Quedan fuera de este beneficio aquellos magistrados como Miguel ángel Cardoza, quien reconoce que no podría hacer uso del bono porque no cumpliría con los 10 años dentro del Órgano Judicial que exige la ley.

Para muchos magistrados, el punto con el “espíritu” de esta ley también es controversial. Si fue creada para hacer impermeables a los jueces, independientes, estables, pareciera que no cumple a cabalidad con su función. La historia dentro del Órgano Judicial ha ido a la inversa, y cobró más relevancia en los años gobernados por el ex magistrado Agustín García Calderón. Alicia, según Estados Unidos y sus informes de Estado sobre El Salvador, se ha dejado seducir por el lobo feroz. “Corrupto” ha llamado la nación norteamericana al sistema judicial salvadoreño. Los bonos por retiro voluntario y el resto de prestaciones de que gozan los jueces y magistrados no han surtido efecto, pareciera.

Solo en la última gestión de García Calderón, se descubrió que la dirección de Recursos Humanos se vendían plazas dentro del Órgano Judicial como si se tratara de películas pirateadas en el centro de San Salvador, a cambio de una comisión de parte de los beneficiados. Lo curioso del caso es que todas las plazas sometidas a “concurso” debían tener el visto bueno del presidente de la CSJ, que tras su salida evadió hablar del tema.

Además, luego de que en noviembre de 2009 el magistrado Ulices del Dios Guzmán denunciara el viaje de uno de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional a Madrid, España –Sidney Blanco fue llamado a testificar en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, cometido en noviembre de 1989- se descubrió que García Calderón, en su gestión, autorizó cualquier tipo de viajes de sus compañeros con gastos pagos de parte de la Corte. Blanco, en diciembre, dijo que regresaría el dinero que le dio la Corte; y denunció ocho “misiones oficiales” de Guzmán, entre las que se incluía su participación en un festival llamado “La pupusa power”, en Estados Unidos. Las misiones de Guzmán costaron más de 16 mil dólares.

Guzmán fue uno de los que firmó a favor del bono por retiro de García Calderón y Acosta Baires, pero al cierre de esta nota no respondió para hablar del tema. Como tampoco lo hizo el magistrado José Néstor Castaneda. El Faro intentó obtener una reacción de la hoy ministra de Trabajo, Victoria Marina de Avilés, pero tampoco dio respuesta. A los otros cuatro ex magistrados fue imposible localizarlos. Nadie en la CSJ dijo conocer su paradero

SIGUE LA CORRUPCIONl

Diputados se regalan todoterrenos de lujo

¿Verdad que casi que podrías vivir adentro?”, me pregunta un colega periodista, tras echar un vistazo al vehículo. Al estar adentro, pues sí, se siente una enorme comodidad: es una amplia camioneta todoterreno, con asientos de cuero, con detalles de madera incrustados en el tablero, con dos aires acondicionados independientes que permiten crear dos atmósferas diferentes dentro de la cabina, con un plan de mantenimiento preventivo para garantizar su perfecto funcionamiento... Es uno de 10 vehículos valorados en decenas de miles de dólares, y uno de 10 vehículos que rechazaron los diputados... para comprarse unos mejores.

Los miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa se cansaron de que esos fueran los vehículos que los transportaban, y en su lugar acordaron disponer de más de medio millón de dólares de los salvadoreños para regalarse una flota de 12 camionetas que, en el modelo más básico, en El Salvador tienen un precio de mercado de 59 mil dólares.

La semana pasada, los directivos recibieron esta especie de carrozas todoterreno con asientos de cuero, con detalles de madera en el tablero, con una pantalla que parece de televisión -que es un centro de navegación-, con heladera incluida y con doble aire acondicionado automático. En la parte de atrás, estas camionetas Toyota Land Cruiser Prado lucen la identificación del modelo: GX 8.

Y aunque los directivos legislativos no son los funcionarios peor pagados del país (reciben 4 mil 854.30 dólares los secretarios, 5 mil 225.15 dólares los vicepresidentes y 5 mil 781.72 el presidente) y en su sueldo se incluye una partida de 914 dólares mensuales para gastos de transporte y comunicación, los salvadoreños les regalamos el transporte. Y decidieron que los contribuyentes les compraran justo estas camionetas y no otras. Y aunque las finanzas del Estado están débiles y la política presupuestaria para este año ordena que solo se destinen los fondos para gastos indispensables en las instituciones, la Asamblea decidió tirar la casa por la ventana.

El documento política presupuestaria 2010 explica en su introducción que está basada en la visión del gobierno 2009-2014 llamada "Cambio en El Salvador para vivir mejor". Ese "vivir mejor", sin embargo, no se refiere solo a los diputados, sino que en el documento es para todos los salvadoreños. Además, la política presupuestaria sentencia que las finanzas públicas -refiriéndose a todas las instituciones estatales, con excepción de las bancarias- se manejarán bajo los criterios de austeridad y racionalidad del gasto público.

Entonces, ¿por qué todoterrenos de lujo? Ninguno de los beneficiados con el estreno cortesía de los salvadoreños quiso responder a esta pregunta. Los interpelados se fueron por las ramas.

“Se necesitan porque el trabajo no es de oficina. Es trabajo de campo. La idea no es tener un vehículo que no soporte ese tipo de caminos”, responde el pecenista Francisco Merino, uno de los 12 directivos que andan estrenando camionetas modelo 2010. "Es normal que se renueve la flota", agrega.

El Faro pidió la licitación y el acuerdo de la junta directiva a la Unidad de Adquisiciones de la Asamblea, pero no hubo respuesta. También hizo gestiones verbales con siete directivos para saber los detalles de la compra y se excusaron sin dar explicaciones. ¿Y por qué no quieren dar esa información, que es pública? “Es que los detalles los tiene Elizardo”, respondió Merino, echando la responsabilidad a su compañero de directiva y de partido, Elizardo González Lovo.

El Faro habló con Miguel Ahues y Guillermo Gallegos, de Gana; con Lorena Peña, Roberto Lorenzana y Sigfrido Reyes, del FMLN, y con los pecenistas Francisco Merino y González Lovo. Cada uno delegó a este último para que hable del tema, pues es el encargado de supervisar los asuntos de transporte en la Asamblea. Y este se negó a hacerlo:

-No, de ese tema no voy a hablar, en ese tema no tengo nada que decir.

-Pero es dinero público y usted no está siendo transparente.

-Ya sé que ese es un tema de transparencia, ese tema es de la agenda de la empresa privada, pero cuando hablemos de transparencia, cuando venga al pleno ese tema, ahí vamos a ver también cómo es que los empresarios tienen que estar obligados a pagar AFP, Seguro Social, ellos también deben ser transparentes -dijo González Lovo, para dar por terminada la entrevista.